Pensar es más interesante que saber, pero menos interesante que mirar.
Johann Wolfgang Goethe

jueves, 8 de septiembre de 2011

Continúa alegato contra los presuntos asesinos de los Jesuitas en el Salvador - CJA

Comparto información publicada por el "Center for Justisce and Accountability" en torno a la masacre de los jesuitas de El Salvador tanto en español como en inglés.
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Estimados amigos,
  
Queremos con este comunicado contarles los últimos y extraordinarios acontecimientos que han tenido lugar en el Caso Jesuitas.   
  
Como la mayoría de ustedes ya saben, el pasado 30 de mayo y tras tres años de intenso trabajo por parte de CJA y de la APDHE, el juez Eloy Velasco dictó auto de procesamiento contra 20 procesados todos ellos miembros retirados del ejército salvadoreño, en el que se les imputan crímenes de lesa humanidad y terrorismo. Como consecuencia, se emitieron órdenes de arresto internacional contra 14 de los imputados incluyendo al ex ministro de defensa Rafael Humberto Larios y 3 miembros del alto mando del ejército salvadoreño. El día 7 de ese mismo mes, 9 de los imputados se entregaron a las autoridades militares en El Salvador.     

Como les explicamos en un comunicado anterior, la decisión de entregarse al ejército tenía por objetivo, presumiblemente, eludir la jurisdicción civil que implica arrestos y la aplicación de tratados internacionales, para someterse a la jurisdicción militar. Sin embargo, en una decisión sin precedentes, el Ministro de Defensa de El Salvador declaró que la jurisdicción civil no cubre a militares en retiro, aceptó la validez de las órdenes internacionales y transfirió la jurisdicción sobre los militares atrincherados a la justicia civil, que les llevó a permanecer bajo custodia durante algo más de dos semanas. El Ministerio de Defensa lanzó un comunicado oficial confirmando la detención y el presidente Mauricio Funes confirmó a través de los medios de comunicación que los nueve militares iban a permanecer bajo custodia.     

De conformidad con el tratado de extradición firmado entre el Reino de España y la República de El Salvador en 1997, las órdenes de arresto con fines de extradición solicitan del estado requerido la ubicación y arresto de los imputados para después, en un plazo de 60 días, formalizar la solicitud de extradición.     

El siguiente paso, según los medios de comunicación salvadoreños, era que la Corte Suprema de El Salvador resolviera sobre la situación de los imputados y confirmara si efectivamente procedía decretar el arresto definitivo. Lamentablemente, el 24 de agosto la Corte Suprema emitió resolución ordenando la libertad de los 9 demandados, señalando que "nunca habían estado bajo custodia" pues la documentación enviada por España "es insuficiente." La resolución de la Corte Suprema es confusa, incorrecta, abiertamente ignora la ley salvadoreña y contradice las declaraciones oficiales hechas tanto por el presidente de la Republica como por el ministro de defensa.

La decisión de la Corte ha sido criticada por varios gobiernos y por instituciones nacionales e internacionales. El 30 de agosto, la Audiencia Nacional de España a través del Ministerio de Justicia, pidió explicaciones al gobierno salvadoreño. El propio Vice ministro de justicia de El Salvador Henry Campos describió la decisión como confusa, que ignora el derecho salvadoreño, y peligrosa para la integridad del trabajo en otras extradiciones pendientes de la Corte Suprema de Justicia.     

La comunidad Jesuita y la UCA en El Salvador emitieron un comunicado condenando la decisión como "política [y] diseñada para favorecer el ejército y contra la ley" y cuestionando la capacidad de la Corte Suprema de actuar imparcialmente y de manera justa.  

Un aspecto positivo de esta decisión es que ha enardecido el debate desde la sociedad civil en El Salvador. Periódicos y blogs han sido inundados con misivas apoyando el arresto y posterior enjuiciamiento de los imputados por el asesinato de los jesuitas y sus empleadas. La decisión y la indignación que ha causado reabren de nuevo el debate dentro de la sociedad salvadoreña sobre reconciliación, el fin de la impunidad y la anulación de la Ley de Amnistía.    

Próximos pasos

Estos acontecimientos solo han reforzado el compromiso y el trabajo de CJA y la APDHE en el proceso. En estos momentos todos los esfuerzos se centran en asegurar que las demandas de extradición lleguen a El Salvador cuanto antes. Una vez allí y con toda la documentación necesaria, la Corte Suprema de Justicia se verá forzada, esta vez sí, a decidir sobre al extradición de los imputados a España o su enjuiciamiento en El Salvador.     

Mientras tanto, el imputado Inocente Orlando Montano permanece bajo custodia federal en Massachusetts, Estados Unidos. Estamos trabajando con las autoridades españolas y norteamericanas para asegurarnos que se materialice su extradición a España.     

La decisión de la Corte Suprema de dejar en libertad a los imputados fuerza de nuevo a El Salvador a enfrentar la permanente impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil. Como ha señalado Benjamin Cuellar, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana y miembro del consejo asesor de CJA "este es un momento extraordinario para El Salvador, y no hay opción más que ir hacia adelante enfrentando el pasado para dar una oportunidad al futuro."    

Todos en CJA compartimos y celebramos estos importantes adelantos con todos nuestros amigos en El Salvador.

Para más información sobre el caso Jesuitas, y demás casos de CJA en El Salvador visite: www.cja.org. Para leer noticias sobre estos desarrollos por favor, haga clic aquí.  

Como siempre, les damos las gracias por todo su apoyo en este importante esfuerzo.

Sinceramente,

Pamela Merchant
Directora Ejecutiva  

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Dear Friends,

This is to provide another update on the extraordinary developments in the Jesuits Massacre Case over the past few weeks.

As most of you know, early this summer after three years of intensive work by CJA and our partner APDHE, Judge Velasco issued indictments against 20 defendants, all former members of the Salvadoran military, charging them with crimes against humanity and state terrorism.  In August the judge issued arrest warrants for 14 of the defendants including former Minister of Defense Rafael Humberto Larios and three other members of the Salvadoran high command. Nine of those defendants self-surrendered to Salvadoran military authorities on August 7, 2011.

As we explained in an earlier update, the decision to self-surrender to the military was presumably an attempt to defy the usual civilian process involving international arrest warrants and extradition treaties.  However, in an unprecedented move, the Minister of Defense of El Salvador accepted the validity of the international arrest warrants and turned the defendants over to civilian authorities who held them in custody for over two weeks. The Department of Defense issued an official communiqué on the detention and President Mauricio Funes confirmed to the Salvadoran press that the nine would remain in custody.

The arrest warrants were sent by the Spanish government to El Salvador first with the understanding that the formal extradition request would be sent later. The Spanish courts had 60 days from the date of the arrest warrants to formalize the extradition requests pursuant to the Extradition Treaty signed between Spain and El Salvador in 1997.

The next step, therefore, was for the Supreme Court of El Salvador to resolve whether the defendants should remain in custody pursuant to the Spanish arrest warrants.  Unfortunately, on August 24th the Supreme Court of El Salvador issued a decision ordering the release of the nine defendants.  The court based their decision on the allegation that the paperwork sent by Spain was incomplete. This claim was false and contrary to the official statements previously made by the President and the Minister of Defense.

This court's decision was immediately condemned by the Spanish government and many in the national and international communities.  On August 30 the Minister of Justice of Spain demanded an official explanation be provided by the Salvadoran government. The Salvadoran Vice Minister of Justice Henry Campos described the decision as "illegal and dangerous for the integrity of El Salvador and its national security."  The Jesuit community and the Salvadoran Jesuit Central American University issued a statement questioning the decision as "political [and] designed to favor the military and against the law" and questioned whether the Salvadoran Supreme Court was able to act in an impartial and just manner. Many legal experts in El Salvador noted that the decision of Supreme Court violates Salvadoran law.

One positive aspect of this troubling decision by the Supreme Court is the widespread debate it has sparked in civil society in El Salvador.  The newspapers and blogs have literally been inundated with missives supporting the prosecution of those responsible for the Jesuits Massacre.  Ironically, the decision has opened what may be the final debate inside the Salvadoran society about reconciliation, the end of impunity and the annulment of the Amnesty Law.

Next Steps

These recent historic developments in El Salvador have strengthened CJA's resolve to pursue justice through our litigation in the Spanish National Court.  Last week, under the terms of the Extradition Treaty, CJA and APDHE filed papers with the court to ensure that the next steps in the 60 day process are taken and that the Spanish government formally requests the extradition of the defendants. Once the formal extradition requests arrive, El Salvador will be obligated under international and treaty law to honor them.

In the meantime, defendant Inocente Orlando Montano remains under U.S. federal custody in Massachusetts on immigration charges.  We continue to work with Spanish authorities to secure his extradition to Spain where he will hopefully stand trial for his role in the Jesuits Massacre.

It is clear that the Supreme Court's decision to release the defendants has forced El Salvador to confront its past and the broader issue of accountability for human rights abuses committed during the civil war.  As the Director of the Human Rights Center at the University of Central America and CJA Advisory Council Member Benjamin Cuellar has said, "this is an extraordinary moment for El Salvador, and there is no option but moving forward confronting our future."

All of us at CJA celebrate these important steps with our Salvadoran and Jesuit friends and the broader human rights community.

For more information on the criminal case against those responsible for the Jesuits Massacre, as well as CJA's other El Salvador cases filed in the U.S, see www.cja.org.  To read some of the press on the recent developments please click here.  As always, we thank you for your support of this important work.

Sincerely,

Pamela Merchant
Executive Director
  
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