Comparto información publicada por el "Center for Justisce and Accountability" en torno a la masacre de los jesuitas de El Salvador tanto en español como en inglés.
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Estimados amigos,
Queremos con este comunicado contarles los últimos y extraordinarios acontecimientos que han tenido lugar en el Caso Jesuitas.
Como
la mayoría de ustedes ya saben, el pasado 30 de mayo y tras tres años
de intenso trabajo por parte de CJA y de la APDHE, el juez Eloy Velasco
dictó auto de procesamiento contra 20 procesados todos ellos miembros
retirados del ejército salvadoreño, en el que se les imputan crímenes de
lesa humanidad y terrorismo. Como consecuencia, se emitieron órdenes de
arresto internacional contra 14 de los imputados incluyendo al ex
ministro de defensa Rafael Humberto Larios y 3 miembros del alto mando
del ejército salvadoreño. El día 7 de ese mismo mes, 9 de los imputados
se entregaron a las autoridades militares en El Salvador.
Como
les explicamos en un comunicado anterior, la decisión de entregarse al
ejército tenía por objetivo, presumiblemente, eludir la jurisdicción
civil que implica arrestos y la aplicación de tratados internacionales,
para someterse a la jurisdicción militar. Sin embargo, en una decisión
sin precedentes, el Ministro de Defensa de El Salvador declaró que la
jurisdicción civil no cubre a militares en retiro, aceptó la validez de
las órdenes internacionales y transfirió la jurisdicción sobre los
militares atrincherados a la justicia civil, que les llevó a permanecer
bajo custodia durante algo más de dos semanas. El Ministerio de Defensa
lanzó un comunicado oficial confirmando la detención y el presidente
Mauricio Funes confirmó a través de los medios de comunicación que los
nueve militares iban a permanecer bajo custodia.
De
conformidad con el tratado de extradición firmado entre el Reino de
España y la República de El Salvador en 1997, las órdenes de arresto
con fines de extradición solicitan del estado requerido la ubicación y
arresto de los imputados para después, en un plazo de 60 días,
formalizar la solicitud de extradición.
El
siguiente paso, según los medios de comunicación salvadoreños, era que
la Corte Suprema de El Salvador resolviera sobre la situación de los
imputados y confirmara si efectivamente procedía decretar el arresto
definitivo. Lamentablemente, el 24 de agosto la Corte Suprema emitió
resolución ordenando la libertad de los 9 demandados, señalando que
"nunca habían estado bajo custodia" pues la documentación enviada por
España "es insuficiente." La resolución de la Corte Suprema es confusa,
incorrecta, abiertamente ignora la ley salvadoreña y contradice las
declaraciones oficiales hechas tanto por el presidente de la Republica
como por el ministro de defensa.
La
decisión de la Corte ha sido criticada por varios gobiernos y por
instituciones nacionales e internacionales. El 30 de agosto, la
Audiencia Nacional de España a través del Ministerio de Justicia, pidió
explicaciones al gobierno salvadoreño. El propio Vice ministro de
justicia de El Salvador Henry Campos describió la decisión como confusa,
que ignora el derecho salvadoreño, y peligrosa para la integridad del
trabajo en otras extradiciones pendientes de la Corte Suprema de
Justicia.
La
comunidad Jesuita y la UCA en El Salvador emitieron un comunicado
condenando la decisión como "política [y] diseñada para favorecer el
ejército y contra la ley" y cuestionando la capacidad de la Corte
Suprema de actuar imparcialmente y de manera justa.
Un aspecto positivo de esta decisión es que ha enardecido el debate desde la sociedad civil en El Salvador. Periódicos y blogs
han sido inundados con misivas apoyando el arresto y posterior
enjuiciamiento de los imputados por el asesinato de los jesuitas y sus
empleadas. La decisión y la indignación que ha causado reabren de nuevo
el debate dentro de la sociedad salvadoreña sobre reconciliación, el fin
de la impunidad y la anulación de la Ley de Amnistía.
Próximos pasos
Estos
acontecimientos solo han reforzado el compromiso y el trabajo de CJA y
la APDHE en el proceso. En estos momentos todos los esfuerzos se centran
en asegurar que las demandas de extradición lleguen a El Salvador
cuanto antes. Una vez allí y con toda la documentación necesaria, la
Corte Suprema de Justicia se verá forzada, esta vez sí, a decidir sobre
al extradición de los imputados a España o su enjuiciamiento en El
Salvador.
Mientras
tanto, el imputado Inocente Orlando Montano permanece bajo custodia
federal en Massachusetts, Estados Unidos. Estamos trabajando con las
autoridades españolas y norteamericanas para asegurarnos que se
materialice su extradición a España.
La
decisión de la Corte Suprema de dejar en libertad a los imputados
fuerza de nuevo a El Salvador a enfrentar la permanente impunidad por
las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil.
Como ha señalado Benjamin Cuellar, director del Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Centroamericana y miembro del consejo asesor
de CJA "este es un momento extraordinario para El Salvador, y no hay
opción más que ir hacia adelante enfrentando el pasado para dar una
oportunidad al futuro."
Todos en CJA compartimos y celebramos estos importantes adelantos con todos nuestros amigos en El Salvador.
Para más información sobre el caso Jesuitas, y demás casos de CJA en El Salvador visite: www.cja.org. Para leer noticias sobre estos desarrollos por favor, haga clic aquí.
Como siempre, les damos las gracias por todo su apoyo en este importante esfuerzo.
Sinceramente,
Pamela Merchant
Directora Ejecutiva
Para hacer una donación directamente y de manera segura a CJA, haga clic aquí.
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Dear Friends,
This is to provide another update on the extraordinary developments in the Jesuits Massacre Case over the past few weeks.
As
most of you know, early this summer after three years of intensive work
by CJA and our partner APDHE, Judge Velasco issued indictments against
20 defendants, all former members of the Salvadoran military, charging
them with crimes against humanity and state terrorism. In August the
judge issued arrest warrants for 14 of the defendants including former
Minister of Defense Rafael Humberto Larios and three other members of
the Salvadoran high command. Nine of those defendants self-surrendered
to Salvadoran military authorities on August 7, 2011.
As
we explained in an earlier update, the decision to self-surrender to
the military was presumably an attempt to defy the usual civilian
process involving international arrest warrants and extradition
treaties. However, in an unprecedented move, the Minister of Defense of
El Salvador accepted the validity of the international arrest warrants
and turned the defendants over to civilian authorities who held them in
custody for over two weeks. The Department of Defense issued an official
communiqué on the detention and President Mauricio Funes confirmed to
the Salvadoran press that the nine would remain in custody.
The
arrest warrants were sent by the Spanish government to El Salvador
first with the understanding that the formal extradition request would
be sent later. The Spanish courts had 60 days from the date of the
arrest warrants to formalize the extradition requests pursuant to the
Extradition Treaty signed between Spain and El Salvador in 1997.
The
next step, therefore, was for the Supreme Court of El Salvador to
resolve whether the defendants should remain in custody pursuant to the
Spanish arrest warrants. Unfortunately, on August 24th the Supreme
Court of El Salvador issued a decision ordering the release of the nine
defendants. The court based their decision on the allegation that the
paperwork sent by Spain was incomplete. This claim was false and
contrary to the official statements previously made by the President and
the Minister of Defense.
This
court's decision was immediately condemned by the Spanish government
and many in the national and international communities. On August 30
the Minister of Justice of Spain demanded an official explanation be
provided by the Salvadoran government. The Salvadoran Vice Minister of
Justice Henry Campos described the decision as "illegal and dangerous
for the integrity of El Salvador and its national security." The Jesuit
community and the Salvadoran Jesuit Central American University issued a
statement questioning the decision as "political [and] designed to
favor the military and against the law" and questioned whether the
Salvadoran Supreme Court was able to act in an impartial and just
manner. Many legal experts in El Salvador noted that the decision of
Supreme Court violates Salvadoran law.
One
positive aspect of this troubling decision by the Supreme Court is the
widespread debate it has sparked in civil society in El Salvador. The
newspapers and blogs have literally been inundated with missives
supporting the prosecution of those responsible for the Jesuits
Massacre. Ironically, the decision has opened what may be the final debate inside the Salvadoran society about reconciliation, the end of impunity and the annulment of the Amnesty Law.
Next Steps
These
recent historic developments in El Salvador have strengthened CJA's
resolve to pursue justice through our litigation in the Spanish National
Court. Last week, under the terms of the Extradition Treaty, CJA and
APDHE filed papers with the court to ensure that the next steps in the
60 day process are taken and that the Spanish government formally
requests the extradition of the defendants. Once the formal extradition
requests arrive, El Salvador will be obligated under international and
treaty law to honor them.
In
the meantime, defendant Inocente Orlando Montano remains under U.S.
federal custody in Massachusetts on immigration charges. We continue to
work with Spanish authorities to secure his extradition to Spain where
he will hopefully stand trial for his role in the Jesuits Massacre.
It
is clear that the Supreme Court's decision to release the defendants
has forced El Salvador to confront its past and the broader issue of
accountability for human rights abuses committed during the civil war.
As the Director of the Human Rights Center at the University of Central
America and CJA Advisory Council Member Benjamin Cuellar has said, "this
is an extraordinary moment for El Salvador, and there is no option but
moving forward confronting our future."
All of us at CJA celebrate these important steps with our Salvadoran and Jesuit friends and the broader human rights community.
For
more information on the criminal case against those responsible for the
Jesuits Massacre, as well as CJA's other El Salvador cases filed in the
U.S, see www.cja.org. To read some of the press on the recent developments please click here. As always, we thank you for your support of this important work.
Sincerely,
Pamela Merchant
Executive Director
P.S.:
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