Pensar es más interesante que saber, pero menos interesante que mirar.
Johann Wolfgang Goethe

lunes, 3 de enero de 2011

Costos de política pública en Drogadicción - Rubén Aguilar

¿Quién paga los costos del enfoque prohibicionista y punitiva en la “guerra” contra las drogas?

La evidencia señala que el enfoque prohibicionista y punitivo en la lucha contra el narcotráfico ha fracasado. En los últimos 40 años, en contra de lo que se proponía, ha aumentado la zona de cultivo, la producción, el tráfico, el consumo y también se han abatido los precios de las drogas.

El enfoque implica que la responsabilidad de la acción punitiva, de “golpear” al narcotráfico, sea responsabilidad de los países productores y de paso, mientras que en los países de destino de la droga se es tolerante y permisivo con el consumo.

La historia de los últimos 40 años deja en claro que los países productores y de paso, como México, han pagado en violencia, corrupción, inseguridad y desarticulación institucional, costos muy superiores a los que el consumo de las drogas prohibidas hubiera provocado en su salud, su economía y su seguridad.

En el mundo desarrollado el consumo de drogas ilegales es potente e irreprimible. Las evidencia señala que estos países no están dispuestos a importar la guerra a sus territorios, no le ven sentido y tienen razón, y tampoco pagar los costos que implica reducir el tránsito y consumo de drogas en su sociedad.

Muestra también que la política de prohibición consume grandes partidas de dinero público, proporcionalmente mayores en los países de producción y paso que en los países consumidores. Estados Unidos gasta 40 mil millones de dólares al año y México 10 mil millones, el triple del gasto estadounidense si se comparan las cifras con sus respectivos productos internos.

La estrategia supone también que mientras en los países productores y de paso son escenarios de “guerra”, los países consumidores obtienen los beneficios mayores del valor añadido que se da en el tráfico ilícito. Ahí está el negocio. Del total del valor añadido a las drogas por su carácter ilegal, el 76 % se queda en los países consumidores y sólo el 24% en los productores y de paso.