Pensar es más interesante que saber, pero menos interesante que mirar.
Johann Wolfgang Goethe

lunes, 14 de noviembre de 2011

Confusión Presidencial - Ernesto Camou Healy

EL IMPARCIAL, 
Hermosillo, Sonora, 
Nov. 12 

Esta semana la organización Human Rights Watch, que vigila lo que tiene que ver con los derechos humanos en varias partes del mundo, entregó un informe sobre los muchos problemas que afectan a la población mexicana, sobre todo a raíz de que el gobierno de Calderón declaró una guerra, ahora negada y desmentida, en contra del narcotráfico.

Human Rights documentó los abusos que se han cometido, y que se siguen cometiendo, en cinco estados de la república particularmente afectados por esta confrontación singular. Fue tan contundente el escrito que pareció necesario una mesurada defensa de parte del gobierno de Calderón, y una declaración del mismo ejecutivo en la que pareció, al menos, confundido y con muy poco rigor jurídico.

En respuesta a Human Rights Watch, el subsecretario de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora (que falleció ayer junto con el Secretario de Gobernación), afirmó que en el país se garantizan los derechos humanos de todas las personas y que cualquier autoridad que los viola es puesta a disposición de la justicia y resaltó que el combate a la criminalidad es, precisamente, "para restablecer el Estado de derecho que garantiza las garantías y libertades de todos". Y, aseveró, que "en el gobierno federal y en el Estado mexicano hemos asumido un compromiso sin precedentes en materia de derechos humanos". Santo y bueno, pero ahora es el ejecutivo el que declaró que "La principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos son los criminales. Son ellos quienes mediante la comisión de delitos agraviantes, como homicidio, el secuestro y la extorsión violan de manera sistemática las garantías fundamentales", dijo Calderón en un comunicado, difundido por la presidencia.

 Lo que preocupa del dicho presidencial es la confusión que parece mostrar: no es lo mismo hablar de actos criminales, que de violación a los derechos humanos. Los asesinos, sicarios y malhechores cometen actos delictivos en contra de la población. Ahí no hay duda: es gente que perjudica con su actuar a los ciudadanos, y atenta en contra de su vida, patrimonio y seguridad; también en contra de su libertad y facultad de gozar de una vida plena y feliz. De eso no hay duda.

 Pero lo que don Felipe no parece entender, o no desea aceptar, es que la política de derechos humanos se refiere exclusivamente a la protección de ciudadanos contra la acción abusiva de las autoridades. Se trata de evitar que los funcionarios de todos los niveles, que detentan un cierto poder para ejercer su responsabilidad, no lo use en perjuicio de la población. O sea que la insistencia en la defensa de los derechos humanos es, precisamente, para evitar que los oficiales ejerzan actos de corrupción contra cualquier persona que tenga la mala suerte de atravesárseles cuando opten por saltarse la ley y dañen a la ciudadanía.

 El equívoco presidencial es muy grave pues endilga a los criminales comunes la violación de los derechos humanos, con lo que niega en la práctica la perspectiva particular sobre ellos, lo equipara al delito común, y diluye su aspecto fundamental: vigilar el abuso de poder por parte de quienes deben respetar la ley, y hacerla cumplir.

 Parece hacerse eco del reclamo de algunos extremistas que afirman que los derechos humanos protegen a los criminales, contra la tortura, la extorsión y la fabricación de delitos, por lo general antes de una sentencia apegada a la ley. De acuerdo con esta especie los protectores de derechos humanos se convierten, casi, en cómplices porque defienden a los delincuentes. Sí amparan, pero para vigilar que se aplique la ley, y que no hostigue a inocentes, que no ejerzan su poder para robar, “morder”, extorsionar o despojar a la población.

 Decir que quienes violan los derechos humanos son los sicarios y criminales, es contradecir la necesaria misión de velar que los funcionarios no abusen de su autoridad; es, también, degradar una encomienda que resulta necesaria todavía. Que lo haga un presidente, abogado y político en teoría preparado, denota gran ignorancia, confusión o mala voluntad. En cualquier caso, por lo menos, es una gran irresponsabilidad del mandatario…