La elección de consejeros del ITAIG, un mal inicio
El proceso de selección de los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIG), actualmente en curso, es una muestra de lo que sólo sucede en Guerrero: la aspiración a repetir en el cargo, por tercera ocasión consecutiva, de dos consejeros en funciones, y la inscripción de varios funcionarios a sabiendas de que no son elegibles; además de un Congreso del Estado, órgano responsable de tomar la decisión sobre el relevo de los consejeros, que informa a cuenta gotas los pasos que se siguen, lo que da pie a que este proceso se perciba que se están cocinando oscuros acuerdos en detrimento de una elección pulcra y abierta a la ciudadanía.
Los aspirantes del ITAIG
El ITAIG es el organismo del que salieron el mayor número de aspirantes para el actual proceso de selección de consejeros.
María Antonia Cárcamo Cortez y Marcos Ignacio Cuevas González son consejeros en funciones, y aunque ya fueron ratificados o reelectos en 2010 y además son actualmente funcionarios (o servidores públicos como se autodefinen en su página electrónica), su apuesta es buscar resquicios en la ley que les permitan ocupar por tercera ocasión el puesto, lo que sería un caso único en el país.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero prohíbe una segunda relección de los consejeros y además pone límites a la inscripción de funcionarios que no hayan renunciado a sus cargos públicos en un periodo de entre dos y tres años.
Otro ex funcionario que trabajó en el ITAIG y que se inscribió para participar en el proceso es Roberto Rodríguez Saldaña, quien fue secretario ejecutivo de ese organismo y actualmente es director de la Facultad de Derecho, es decir, funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Asimismo, Hipólito Mendoza Urbano fue coordinador jurídico y titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del ITAIG , y actualmente es el coordinador ejecutivo de ese organismo con los actuales consejeros.
Estos funcionarios, junto con los actuales consejeros, son o fueron parte de un organismo que durante ocho años funcionó con muchas deficiencias en su operación, pues se tiene documentada la pasividad de su desempeño en prácticamente todos los ámbitos en los que tenía facultades para actuar, como la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información, el apoyo a los ayuntamientos, su vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y la aplicación de sanciones ejemplares para quienes no cumplieran con la ley.
Salvo que haya un acuerdo político para que en el estado continúe la opacidad y la falta de promoción del derecho a saber, los pobres resultados del organismo en ocho años ponen contra la pared a los consejeros y funcionarios y ex funcionarios ligados al ITAIG , y no se les auguran muchas posibilidades de ser electos o reelectos por tercera ocasión.
Otros funcionarios
En la lista de 35 aspirantes que publicó el Congreso del estado en los medios aparecen nombres de funcionarios que no renunciaron en los dos o tres años que establece la ley para ser elegibles.
Es el caso de Fernando Hinterholzer Diestel, ex delegado federal del trabajo en Guerrero, quien de acuerdo con la página electrónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tomó posesión de ese cargo el primero de agosto de 2011, y aunque la información oficial no dice cuándo renunció, se sabe que no han transcurrido dos años desde su dimisión.
Otro de los candidatos que aparece en los directorios gubernamentales es Florencio Leguizamo Herrera, que en el portal electrónico de la Secretaría de Finanzas y Administración se menciona que se desempeña como jefe de departamento de coordinación fiscal federal.
Octavio Armando Domínguez Torres es otro servidor público, en este caso de la Auditoría General del Estado, que se inscribió para ser consejero del Itaig. En la página electrónica de la AGE aparece en el directorio como coordinador de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de esa institución.
Asimismo, Nayeli Valdovinos Ventura también tiene un empleo en una dependencia pública. Se desempeña como jefa de la unidad técnica del servicio profesional electoral del Instituto Electoral del estado de Guerrero.
En diversos documentos en la red, también aparece Ramón Mercado Mendiola como coordinador del programa "guerreros por la alfabetización", que es parte de la dirección municipal de educación del ayuntamiento de Chilpancingo.
Cresencio Almazán Tolentino fue funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado, cuando era titular David Jiménez Rumbo, específicamente como jefe de la unidad de asuntos jurídicos. Sin embargo, al parecer no renunció dentro de los dos años previos que exigen la ley de transparencia, ya que se encontraron documentos firmados por él en su calidad de funcionario público –acuerdos para la emisión de reglas de operación de los programas que opera la Sedesol- con fecha de 26 de enero de 2012.
Otro caso es el de Xavier Epigmenio Carreto Arredondo, quien en el directorio de servidores públicos de la Secretaría de Educación Guerrero aparece como jefe del departamento de fomento a la investigación.
Estos son sólo algunos ejemplos de aspirantes que se inscribieron para participar en el proceso de selección de consejeros del Itaig, no obstante que trabajan o trabajaron como funcionarios en los últimos dos años en alguna dependencia pública y que no los hace elegibles para ser considerados en la terna.
Observatorio ciudadano
Las malas decisiones de los diputados de la LVIII y LIX legislaturas del Congreso del estado de Guerrero, respecto de la elección y ratificación de los actuales consejeros, fue el motivo para que un grupo de ciudadanos, periodistas y representantes de organizaciones civiles y sociales expresaron su interés por la vigilancia del proceso de renovación de los consejeros del Itaig, ya que del perfil que tengan los designados y su compromiso social, así como la forma en que se lleve el proceso, dependerá en gran medida el futuro del organismo.
A principios de diciembre pasado, días después de que se emitió la convocatoria para seleccionar a los consejeros, varias organizaciones no gubernamentales, periodistas y ciudadanos preocupados por los “bajos niveles de transparencia y acceso a la información pública que presentan las instituciones gubernamentales de Guerrero” se integraron en un observatorio ciudadano para la vigilancia del proceso de selección de los consejeros del Itaig, así como del desempeño que tendrá ese organismos en los próximos meses.
Entre las organizaciones que se adhirieron al observatorio están Comunicación para el Desarrollo Comunitario, Ciudadanos y Ciudadanas por el Mejoramiento de la Gestión Pública, Colectivo Trinchera, la Universidad Campesina del Sur, Ciudadanos Solidarios para el Desarrollo, Guerrero Transparente, Colores, Ciudadanos por Municipios Transparentes y México Infórmate.
Hasta hoy, el observatorio ciudadano está en espera de que se publique la lista depurada de aspirantes que serán entrevistados por la comisión de gobierno del Congreso del Estado, a efecto de conocer el perfil de cada participante.
La experiencia de Puebla
La tentación de imponer en los órganos garantes locales a consejeros con criterios políticos por encima del perfil profesional y el compromiso con la ciudadanía de los aspirantes, no es sólo un asunto del estado de Guerrero, sino de las legislaturas de muchos estados del país.
En Puebla, recientemente se tuvo una experiencia similar, cuando organizaciones y ciudadanos de ese estado se organizaron en un observatorio para dar seguimiento al proceso de selección vigilando que se cumplieran los procedimientos y etapas que señalaba la ley de transparencia poblana.
De acuerdo con Lilia Vélez Iglesias, que participó activamente en la vigilancia del proceso de renovación de los consejeros poblanos, su estrategia fue la de revisar y analizar lo que establecía la ley y contrastarla con lo que hacían los legisladores poblanos.
Asimismo, crearon una cuenta de tuiter y un blog para difundir cada una de las acciones que realizaban los integrantes del observatorio ciudadano.
Algunos de los aspectos que vigilaron fueron: la publicación de los expedientes de cada uno de los aspirantes, los resultados de las comparecencias de éstos ante los diputados, así como las razones por las que se seleccionaron a cada uno de los aspirantes.
Otra acción del observatorio fue solicitar al Congreso la posibilidad de participar en la evaluación de los perfiles de los aspirantes a través de la formulación de preguntas y estar presentes en la sesión en la que hicieron las entrevistas (la ley de transparencia de Puebla establece que las entrevistas a los candidatos no son abiertas al público).
También solicitaron el apoyo de organizaciones locales y nacionales como el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate y Fundar, Centro de Análisis e Información.
Aunque finalmente, pese a la vigilancia del observatorio ciudadano, eligieron a un comisionado cercano al gobernador Rafael Moreno Valle, y que no era el mejor perfil, el seguimiento del observatorio lo que hizo fue justo poner en evidencia esta situación.
En un comunicado expresaron que “con la decisión tomada por la mayoría de las y los diputados del Congreso de Puebla se pone en riesgo la independencia de la CAIP. El C. Federico González
Magaña apoyó en 2010 la candidatura del hoy titular del Ejecutivo estatal”.
Agregaron que “con su decisión, la mayoría de las y los diputados del Congreso de Puebla perdió una oportunidad para contribuir al fortalecimiento de la CAIP a través de un perfil capaz e independiente. Optaron, en cambio, por un candidato cuestionado por sus vínculos con el Ejecutivo estatal.
Y advirtieron que “las organizaciones de la sociedad civil que vigilamos el proceso y participamos en él estaremos atentas al desempeño del C. Federico González Magaña, así como pendientes de sus posiciones a la hora de resolver los recursos de revisión que sean analizados por la CAIP”.
Tardía, la vigilancia de obra pública
Ya pasaron casi tres años de que tomó posesión el gobernador Ángel Aguirre Rivero, y apenas les tomó protesta, el 16 de enero, a los ciudadanos que integrarán el Consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública, organismo que fue una de las propuestas más sonadas en la campaña del entonces candidato a la gubernatura para prevenir y combatir la corrupción gubernamental. Concretamente la propuesta de creación del consejo la hizo durante el debate entre candidatos a la gubernatura, realizado el 18 de enero de 2011.
Pero fue hasta finales de octubre de 2011 cuando Aguirre Rivero envió la iniciativa de decreto de creación del consejo al Congreso del estado para su análisis y aprobación.
Los diputados locales aprobaron el decreto hasta el 7 de febrero de 2012, y su publicación se realizó el 17 de febrero del mismo año. Durante casi dos años, el organismo ciudadano no entró en funciones porque el gobernador estatal no envió la terna al Congreso del estado para elegir a los integrantes, no obstante que el artículo segundo transitorio de ese documento jurídico ordena que “El Consejo deberá instalarse dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este Decreto”.
Y fue hasta el miércoles 16 de enero, que los diputados aprobaron la terna, y al día siguiente, el gobernador les tomó posesión.
El consejo ciudadano está integrado por José Luis Sánchez Ortiz, presidente del Grupo ACA; Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Coparmex Acapulco; Fernando Meléndez Cortés, ex presidente de la Coparmex Chilpancingo; Marco Antonio Aguileta Flores, director general de Grupo Fórmula Acapulco; Héctor Iglesias Aragón, director general de Televisa Acapulco; Sergio Salmerón Salmerón, integrante del Colegio de Licenciados en Turismo del Estado y gerente general del Hotel Playa Suites; Ezequiel Larumbe Radilla, presidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Colegio de Abogados, AC, y Luis Enrique Herrera Pérez, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, AC.
No se augura un desempeño exitoso del consejo, pues el decreto no le da facultades relevantes en la toma de decisiones; ni tampoco le garantiza su autonomía en su funcionamiento, por lo que estará a merced del presupuesto público. No sería extraño que fuera un organismo decorativo más.
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