14 de noviembre de 2011
Fuente: Eje Central
La ejecución del alcalde de La Piedad fue el caso de mayor impacto en el rubro de los asesinatos insertos un contexto político. No se sabe quién lo mandó matar, pero aún cuando lo asesinaron de un tiro –un modus operandi ajeno a los narcos-, los políticos lo ubicaron en el tomo de la delincuencia organizada. En La Piedad, para añadir terror a ese municipio panista, se publicó un desplegado en un periódico donde presuntos narcotraficantes advierten a la población que este domingo no usaran nada que los identificara como panistas, porque los asesinarían.
El miedo inhibe el voto, para nadie es secreto, y también ahuyenta electores la presencia del Ejército y la Policía Federal, que incrementó sus patrullajes en Michoacán en las últimas semanas. Los partidos se cruzan acusaciones de intimidaciones, pero nadie puede declararse inocente, por comisión o porque fuerzas descontroladas que ven en ellos garantías de sobrevivencia decidieron actuar por su cuenta para lograr el objetivo. En cualquier caso, si existió esa variable perniciosa porque en lugar de rechazarla, le abrieron la puerta con la permisividad que tuvieron.
Jugar con miedo es jugar con fuego: se puede saber cómo y cuándo se inicia, pero no cuándo y cómo terminará. Con más del 50% de los municipios del país tocados por la violencia, la violencia como variable electoral es una irresponsabilidad. Pero ¿a quién responsabilizar de ella? En la experiencia michoacana, a nadie en particular y a todos en general.
En este espacio se reportó la semana pasada cómo a varios operadores del PRI se les acercaron criminales y los amenazaron: tenían seis horas para irse, o sufrirían consecuencias. ¿Cómo sabían el trabajo que realizaban? ¿Cómo sabían quiénes eran ellos? A ninguno de los que reportó ese tipo de incidentes lo confundieron con policía federal -el enemigo a muerte de los cárteles locales- o con otro cuerpo de seguridad federal. Sabían, por lo que revelaron los operadores, que hacían trabajo político y les mutilaron la misión. La pregunta es, si fueron realmente criminales quienes lanzaron la amenaza, ¿a quién responden esos criminales? O quizás mejor dicho, ¿quiénes son esos criminales que operan en Michoacán?
En las cúpulas del PRI pensaban que si el narcotráfico quisiera tomar una postura electoral, lo haría contra el PAN y el presidente Felipe Calderón, por golpearlos sistemáticamente. Sería el caso de La Piedad, aunque la duda es porqué sólo lo harían ahí, que no forma parte de los seis municipios donde por densidad electoral se decidió las elección en Michoacán, y no en los otros donde sí harían la diferencia. ¿No será que atrás de la justificación del narcotráfico lo que se mueve tiene olor a política y no droga?
Después de todo, la lucha política se intensificó en las dos últimas semanas previas a la elección con las herramientas más heterodoxas. El líder del PRI, Humberto Moreira, recibió un informe que el PAN había comprado a 180 mil perredistas en los días previos, y reportes de prensa señalaron que el voto este domingo se cotizaba entre dos mil y tres mil pesos. Al mismo tiempo, negociaciones entre el PRI y el gobernador Leonel Godoy, concluyeron en un apoyo perredista al candidato tricolor.
Michoacán no se convirtió en el ideal de lo que un ciudadano podría haber aspirado para una elección con condiciones sociopolíticas tan adversas. Se erigió como un modelo para maximizar las inestabilidad en beneficio particular. El que no se haya desbordado el proceso no se debe a la falta de políticos que presionaran para ese fin –quizás inopinadamente-, y menos aún que este modelo de múltiple conflicto exacerbado, no sea lo suficientemente seductor para que se aplique, como si fuera manual, en 2012.
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