Remito texto de Artículo XIX... es una excelente texto!
Escrito de Artículo XIX
21-octubre-2010
Todos los días se toman decisiones que pueden y afectan directamente nuestra salud, integridad física, bienestar económico y en sí la totalidad de nuestros derechos humanos. A menudo estas decisiones son adoptadas por las razones equivocadas o por personas corruptas, incompetentes o simplemente perezosas. Los accidentes tienen lugar o las prácticas de corrupción florecen en gran medida porque los empleados o funcionarios que tienen conocimiento de irregularidades no informan al respecto por temor a represalias.
Contar con información es un derecho humano, que no quede duda. A lo largo de la segunda mitad del Siglo XX y hasta hoy, más de 90 países han aprobado leyes específicas para garantizar el acceso a la información y transparencia gubernamental. Sin embargo no es suficiente. La reserva injustificada de documentos, el debilitamiento de los órganos garantes de este derecho, el mal manejo de archivos son algunos de los obstáculos concretos que persisten en la práctica. En este contexto, la información que logré darle la vuelta a la cultura a las inercias secretistas a través de la filtración de documentos resulta instrumental para el combate a la corrupción y a la impunidad en caso de violaciones a derechos humanos. Considerados por muchos como héroes y heroínas, las personas que sirven como informantes cumplen una función esencial en el libre flujo de ideas, información y opiniones.
La polémica generada tras la publicación simultanea en The New York Times, The Guardian y Der Spiegel de más de 94,000 grabaciones de las tropas estadounidenses destacadas en Afganistán filtradas a través de Wikileaks, reinaguró un añejo debate sobre la divulgación de información considerada como secretos de Estado. A pesar de la enérgica condena proveniente de diferentes instancias de la administración del Presidente Barack Obama, el aporte de información de interés público sobre violaciones a derechos humanos y crímenes de guerra a manos de las tropas estadounidenses en Afganistán, resulta irrefutable. La supuesta amenaza a vidas humanas tras la publicación de ésta información aún no ha sido probada con evidencia.
La obligación de proteger información clasificada y de mantener el secreto es una responsabilidad exclusiva de las autoridades. Por lo tanto otros actores e instancias, incluyendo Wikileaks y la prensa en general, no deben ser sujetos a procesos judiciales por el simple hecho de publicarlas.
Tampoco las fuentes de filtraciones de información de evidente interés público deben de ser sometidas a procesos judiciales dada la función crucial que cumplen para garantizar el libre flujo de información. Si bien puede ser justificable que las personas responsables de información sensible sean sometidas a un acuerdo de confidencialidad, éste no debe impedir que cumplan con la responsabilidad social y ética a favor del interés público.
Sin embargo es importante también destacar que Wikileaks, así como otros medios de difusión de filtraciones basados en Internet, como Cryptome y FAS, deben sujetarse a las mejores prácticas periodísticas y éticas para asegurarse que la información difundida es veraz y no genera un daño sustancial a otras personas.
Wikileaks es tan sólo la punta del iceberg de la respuesta a la reserva indiscriminada de información en temas de seguridad nacional. La Comisión Investigadora de los ataques terroristas del 11 de septiembre incluyo dentro de sus conclusiones un número considerable de ejemplo de cómo la clasificación excesiva de información de inteligencia previno que las instancias que pudieron evitar la tragedia estuvieran informadas sobre la amenaza y riesgos de un ataque terrorista con esas características.
En 1971 Potter Stewart, juez de la Suprema Corte de Justicia estadounidense señaló durante la discusiones sobre la filtración de un documento que daba cuenta sobre la estrategia de Washington de extender el teatro de operaciones de la guerra de Vietnam a Laos y Camboya: “Cuando toda la información es clasificada, nada en realidad es clasificado”.
Las voces que llaman a que Wikileaks sea desarticulado y sus colaboradores sean procesados judicialmente, ignoran el hecho de que la solución para contener el impacto (positivo y negativo) de su trabajo recae exclusivamente en las manos de los gobiernos. Es decir, la mayor apertura y transparencia por parte de las autoridades haría que las filtraciones fueran innecesarias. Si Wikileaks logra ser detenido, sin lugar a dudas surgirían otros medios semejantes.
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